La Cámara de Diputados recibió la noche de este lunes, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de unificar la tipificación de este delito en todo el país.

La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, establece que la extorsión será perseguida de oficio y podrá denunciarse de forma anónima por las víctimas.

El documento también contempla la armonización del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Según un comunicado de la Cámara de Diputados, el propósito de la iniciativa es “otorgar herramientas jurídicas suficientes” para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal— puedan prevenir eficazmente la extorsión, proteger a las víctimas y coordinar esfuerzos para mejorar su combate.

La propuesta establece que todas las entidades federativas deberán perseguir el delito de extorsión de oficio, sin depender de una denuncia previa. Asimismo, plantea penas de seis a quince años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio propio o para terceros, o bien cause un daño patrimonial, moral, físico o psicológico.

Entre las agravantes consideradas se incluyen los casos de cobro de piso, extorsión a migrantes o menores de edad, y cuando el delito sea cometido por un servidor público.

La iniciativa también destaca que el número 089 se mantendrá como canal de denuncia anónima, requiriendo únicamente la descripción del hecho para que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación.

En materia de ejecución penal, se propone establecer un régimen estricto que impida a los sentenciados por extorsión acceder a beneficios preliberacionales o a la conmutación de la pena, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia.

Cabe recordar que el pasado 10 de julio, la presidenta Sheinbaum envió una reforma constitucionalal Congreso para facultar al Poder Legislativo a expedir una ley general en materia de extorsión, con el propósito de homologar las sanciones en todo el país. Actualmente, las penas varían entre estados, lo que, según el Ejecutivo, ha dificultado la persecución del delito y favorecido la impunidad.

La iniciativa busca que la Federación tenga competencia para definir las modalidades de extorsión —como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas—, y establecer penas mínimas y máximas comunes, así como protocolos de actuación para fiscalías y corporaciones policiales.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se registraron 10,804 víctimas de extorsión en México.

Días antes, el 6 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la que destacó que Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán concentran el 66 % de las extorsiones a nivel nacional.