Monterrey, N.L. — La discriminación contra menores con autismo y otras condiciones de neurodivergencia ha registrado un incremento alarmante en el estado, con un aumento del 1,100% en las quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHNL) en los últimos cinco años. Organizaciones de padres de familia, como “SoFe Unidos por el Autismo”, señalan que las escuelas privadas imponen barreras económicas insuperables, como la exigencia de un “maestro sombra” cuyo costo puede alcanzar los 12,000 pesos mensuales, condicionando así el derecho a la educación de cientos de niños.

Ante este panorama, el Congreso de Nuevo León aprobó una nueva Ley de Educación que obliga a los planteles a garantizar la inclusión con programas especializados y personal capacitado. Sin embargo, la aplicación de esta ley es incierta, ya que fue aprobada sin un presupuesto asignado. Esto genera el riesgo de que la normativa se detenga o que su implementación sea muy lenta, dejando en espera a las familias que necesitan soluciones urgentes.

Más allá de los cambios legales, el sistema educativo enfrenta el reto de transformar la cultura dentro de las aulas para evitar que los menores sean segregados. La falta de preparación docente y de infraestructura adecuada sigue vulnerando los derechos fundamentales de la infancia neurodivergente. El desafío para Nuevo León es lograr que la educación inclusiva deje de ser una promesa en papel y se convierta en una realidad accesible para todos los niños, sin importar su condición económica o social.