Una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GiveSendGo ha generado controversia al reunir más de 100,000 dólares para financiar la defensa legal de Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. El monto alcanzado ya supera la mitad de su meta de 200,000 dólares, según informó Forbes.

El asesinato ocurrió en Nueva York, cuando Thompson llegaba a un hotel para asistir a una conferencia. La recaudación fue iniciada por el llamado “Comité Legal del 4 de Diciembre”, en referencia a la fecha del crimen. Según los organizadores, la iniciativa no busca justificar la violencia, sino garantizar el derecho constitucional de Mangione a una representación legal adecuada.

Críticas y eliminación de campañas

La campaña ha enfrentado fuertes críticas, con plataformas como GoFundMe eliminando intentos similares por violar sus políticas contra la financiación de acusados de delitos violentos. Además, otros sitios como Reddit, Amazon y Etsy han eliminado productos con frases como “Liberen a Luigi” y “Negar, defender, deponer”, relacionadas con el caso.

Apoyo y controversia

A pesar de las críticas, algunos defensores de Mangione lo ven como un símbolo de resistencia contra las prácticas corporativas en la industria de la salud. Según ellos, su acción refleja una postura contra la “avaricia corporativa”. Sin embargo, la policía descubrió pruebas preocupantes en su poder, incluyendo un manifiesto crítico contra el sistema de salud y una pistola con silenciador impresa en 3D, lo que ha intensificado el debate en torno al caso.

Respuesta legal y situación actual

El abogado de Mangione en Pensilvania, Thomas Dickey, declaró que probablemente no aceptará los fondos recaudados para representar al acusado, aunque reconoció el apoyo que ha recibido. Por su parte, Mangione, quien se declaró inocente, está impugnando su extradición a Nueva York mientras el caso polariza la opinión pública en Estados Unidos.

Este controvertido caso no solo pone bajo el reflector las divisiones sobre el sistema de salud, sino que también plantea preguntas éticas sobre el uso de plataformas de financiación colectiva para causas relacionadas con delitos graves.