El llamado cobro de piso ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en una carga económica constante que afecta gravemente a los pequeños comercios de Nuevo León. Este delito representa ya pérdidas fijas o porcentuales del presupuesto de muchos negocios, según alertaron representantes del sector.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, y Catalina Domínguez, presidenta de la Canacope Monterrey, coincidieron en que la extorsión comercial se ha vuelto un fenómeno cotidiano que impacta la rentabilidad y operación de los establecimientos, especialmente en zonas populares del área metropolitana. Rivera advirtió que, aunque antes el estado no registraba niveles críticos, “la extorsión ha pasado a la ofensiva y el cobro de piso ya es una realidad para muchos comerciantes”.

Domínguez hizo un llamado urgente a las autoridades para implementar estrategias conjuntas, como patrullajes inteligentes o botones de pánico, ante el incremento de casos. Señaló que el pago mínimo exigido ronda los 500 pesos semanales, lo que significa más de 2 mil pesos mensuales por negocio. “Si el pequeño comercio cierra, se apaga la economía local”, sentenció.